Las operaciones efectuadas entre personas y/o entidades vinculadas deben retribuirse obligatoriamente a precio de mercado. A título de ejemplo, se incluyen los sueldos y salarios, arrendamiento de inmuebles, entregas de bienes, prestaciones de servicios y préstamos. En este último caso, cabe mencionar que la Administración no acepta como precio de mercado el interés legal del dinero.