Las personas físicas que desarrollan una actividad económica y pretendan deducir los gastos ocasionados por la adquisición y/o utilización de un vehículo automóvil, deben estar en disposición de poder acreditar su afectación a la actividad de forma exclusiva. Como excepción a esta norma cabe destacar, entre otros, los destinados al transporte de mercancías, al transporte de viajeros mediante contraprestación y los utilizados por agentes comerciales.