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Novedades en la cotización de los autónomos.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 03.01.20190 comentarios

Las bases mínimas de cotización de los autónomos subirán un 1,25%. Es decir que, a partir del 1 de enero de 2019, la base mínima subirá hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%. Por lo tanto, al mes abonarán a la Seguridad Social 283,3 euros, es decir, 5,36 euros más al mes de lo que pagan ahora, y 64 euros más al año.

En el caso de los autónomos societarios que tengan más de diez empleados o sean directivos de una sociedad, la base mínima subirá el próximo año hasta los 1.214,08 euros mensuales. En su caso, pagarán 364,22 euros al mes. Es decir, tendrán un aumento de 6,89 euros mensuales, que se traducirá en cerca de 83 euros más al año. El tipo de cotización de este año sube al 30%; al 30,3%, en 2020, y al 30,6%, en 2021, para queda en 2022 definitivamente fijado en el 31%.

A cambio de esa subida de las cotizaciones mínimas, los autónomos tendrán que cotizar de forma obligatoria para poder estar de baja por enfermedades comunes o las causadas por su profesión. De la misma forma, su protección por desempleo, conocida como cese de actividad, se duplicará.

La tarifa plana de cotización a la Seguridad Social, para los autónomos que inicien un negocio, se eleva desde los 50 euros a los 60 euros mensuales, durante el primer año. En el segundo año de actividad, el autónomo podrá recibir una bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social.

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El Tribunal Supremo fija criterio para “destapar” las falsas cooperativas de autónomos.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 10.07.20180 comentarios

La sentencia, referida a un litigio entre un transportista y la organización de la que era socio cooperativista, puede tener especial incidencia en otros sectores como el cárnico, en el que los sindicatos han venido denunciado el abuso de la fórmula de la Cooperativa de Trabajo Asociado como mecanismo para eludir fraudulentamente obligaciones empresariales laborales y de Seguridad Social. Además, dicha sentencia resulta especialmente relevante por cuanto unifica los pronunciamientos contradictorios dictados por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

En el caso enjuiciado el demandante se integró en una cooperativa de transporte, dándose de alta como autónomo. Dicha organización era la propietaria de las tarjetas de transporte y quien alquilaba los vehículos que, posteriormente, eran puestos a disposición de los cooperativistas. La cooperativa, a su vez, tenía suscrito un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa logística, que era quien disponía de los clientes, organizaba el trabajo, las rutas y los encargos. De hecho, era esta empresa logística la que se ponía directamente en contacto con los conductores.

Tras haber estado forzosamente inactivo durante un tiempo por encontrarse en situación de baja médica, el demandante no volvió a recibir ningún encargo, por lo que demandó conjuntamente a la cooperativa y a la empresa logística por despido improcedente.

En su sentencia el Supremo recuerda que, de acuerdo con la ley, las cooperativas de trabajo asociado tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, “a través de una organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros”. Las cooperativas, por tanto, deben responder a los fines que justifican su constitución, sin que sea admisible que se limiten a dar mera cobertura formal a situaciones con las que se pretende eludir las normas laborales. No puede utilizarse lícitamente la fórmula de la cooperativa si ésta carece de “cualquier infraestructura organizativa propia o actividad económica real”, y su único fin es poner mano de obra a disposición de otra empresa. La valoración de si se está o no ante una estructura cooperativista que responde a los fines legales deberá hacerla el juez o tribunal que examine cada caso. No obstante, señala que para ello será determinante la existencia de mecanismos internos y de relación con los clientes, que presten servicios a los asociados tales como el asesoramiento, la reducción de costes, la captación de clientes o cualquier otra que mejore el desempeño de su actividad, correspondiendo a la cooperativa “la carga de probar que desarrolla una actividad real”.

En el caso del transporte, el artículo 1.3.g) del Estatuto de los Trabajadores excluye del ámbito laboral a las personas prestadoras de dicho servicio cuando lo hagan amparadas por autorizaciones administrativas de las que sean titulares y con vehículos cuya propiedad o poder directo ostenten. El Alto Tribunal recuerda que es admisible que sea la cooperativa la titular de las tarjetas, pero siempre que disponga de una estructura organizativa como la descrita. Y, en tal caso, podrían incluso admitirse distintos mecanismos para ayudar o colaborar con sus socios en la obtención de la propiedad o poder de disposición del vehículo, porque no se estaría ante una “entidad ficticia en abuso de la forma societaria”.

No es este, sin embargo, el supuesto enjuiciado, sino que se trataba de una cooperativa que “simplemente busca facilitar mano de obra para ponerla a disposición” de la empresa logística. Una fórmula con la que se pretende esquivar las exigencias legales, para cuya conclusión apunta en su sentencia que ayuda el hecho de que la cooperativa cuente con tan sólo 3 socios trabajadores y, en cambio 115 colaboradores, entre ellos el demandante, “en una muy anómala y desproporcionada relación entre unos y otros”.

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Jubilación Activa Autónomos Societarios al 100%

Derecho Laboral y Seguridad Social / 02.07.20180 comentarios

Como ya informamos en su día, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, la modalidad de jubilación activa incorporó una importante  modificación, consistente en que si el trabajador autónomo acredita tener contratado al menos, a un/a empleado/a por cuenta ajena, puede compatibilizar su actividad con el cobro del 100% de su pensión de jubilación, en lugar de tan solo el 50% como hasta ese momento.

El criterio inicial del INSS establecía que esta mejora no resultaba aplicable a los pensionistas de jubilación incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por su condición de societarios, ya que en estos supuestos la inclusión en RETA viene determinada por su condición de consejero, administrador, socio o comunero de una entidad con personalidad jurídica propia distinta de la del trabajador autónomo. En consecuencia, según el criterio del INSS, los autónomos societarios que quieran acceder a la jubilación activa sólo podrán compatibilizar su actividad con el cobro del 50% de su pensión.

Sin embargo, parece haberse abierto una puerta, aunque un tanto forzada, para aquellos autónomos societarios que tengan contratados/as empleados/as del hogar a su cargo, a quienes sorprendentemente se les está reconociendo el derecho a percibir el 100% de su pensión, en lugar de el 50%.

Si bien hay que tomar esa situación con cautela, puesto que ese criterio no está todavía consolidado ni se sabe si es unánime en todas las Delegaciones Provinciales del INSS, nuestra recomendación es la de que aquellos autónomos societarios que tengan contratado/a o vayan a contratar a un/a empleado/a de hogar y se encuentren en situación de jubilación activa o tengan pensado pasar a esa situación, soliciten el 100% del importe de su pensión.

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Entra vigor la mejora de la pensión de maternidad y paternidad para autónomos.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 05.03.20180 comentarios

El pasado día 1 de marzo de 2018 entró en vigor la modificación introducida por la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo por la que se establece un nuevo sistema de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de maternidad y paternidad de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETA. A partir de ahora, las prestaciones van a consistir en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora diaria, resultado de dividir la suma de las bases de cotización de los 6 meses inmediatamente anteriores entre 180, o entre los días en alta si no se ha alcanzado todavía esa permanencia de 180 días en el RETA.

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