Viewing posts categorised under: Derecho civil

Arrendadores de vivienda

Derecho civil, Fiscal / 19.02.20190 comentarios

Los arrendadores de inmuebles destinados a vivienda gozan de una reducción del 60% del rendimiento neto positivo obtenido por ello.

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¿Existe obligación de retener por IRPF en los préstamos gratuitos entre particulares?

Derecho civil / 12.02.20190 comentarios

Una persona que adquiere un local para afectarlo al ejercicio de su actividad profesional recibe de su hermano un préstamo sin intereses, préstamo exento por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y que también está exento de la obligación de practicar retención en el IRPF.

Se trata de un préstamo entre particulares sobre el que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone a priori que se trata de rendimiento del capital mobiliario, para luego excepcionar de tal consideración al disponer sobre el nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta que surge en el momento de la exigibilidad de los rendimientos del capital mobiliario, dinerarios o en especie, sujetos a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.

En su consulta vinculante de día 14 de noviembre de 2018 la Dirección General de Tributos resuelve que, en la medida en que se trata de un préstamo gratuito realizado en un ámbito particular entre familiares, que no genera intereses, no genera rendimientos del capital mobiliario y, por ello, no nace la obligación de retención o ingreso a cuenta por parte del prestatario.

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Obligatorio asegurar un automóvil matriculado y apto para circular, aunque su dueño lo tenga estacionado.

Derecho civil / 18.10.20180 comentarios

Un vehículo matriculado y que, por tanto, no se ha retirado legalmente de la circulación y que es apto para circular responde al concepto de “vehículo”en el sentido del art. 1.1 de la Primera Directiva sobre el seguro del automóvil, y no deja de estar sujeto a la obligación de aseguramiento prevista en el art. 3.1 dedicha Directiva, por la mera razón de que su propietario ya no tenga intención de conducirlo y lo inmovilice en un terreno privado.

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Límites a la salida y entrada en España de dinero en efectivo.

Derecho civil / 27.09.20180 comentarios

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su artículo 34 (para personas particulares) y en su artículo 38 (para personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes) establece la obligación de presentar una declaración previa (Declaración de movimientos de Medios de Pago S-1), antes de entrar o salir de España, siempre que realicen los siguientes movimientos:

  • Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
  • Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

A estos efectos se entenderá por medios de pago:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cheques de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.
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Ficheros de morosos.

Derecho civil / 19.09.20180 comentarios

Un Juzgado de Primera Instancia ha condenado a la compañía telefónica Movistar SAU y a la entidad ASNEF EQUIFAX por vulnerar el derecho al honor de un consumidor, incluido indebidamente en el fichero de morosos por una deuda de poco más de 109 euros, que le impidió contratar el servicio de internet con otras operadoras

El Juzgado estimó la reclamación del usuario a ser indemnizado en la cantidad de 6.000 euros por cuanto atendidas las circunstancias concurrentes consideró que se trataba de una cuantía proporcionada y ajustada a los perjuicios ocasionados teniendo en cuenta que la intromisión se produjo en 2015 (alta en fichero Asnef) y dicha circunstancia persistía dos años más tarde al interponer la demanda, y el demandante no fue dado de baja hasta que se emplazó a las dos empresas para contestar a la demanda, así como también la negativa de ASNEF a darlo de baja en el registro de morosos y la no atención por parte de Movistar que incluso le denegó la entrega de una copia de la grabación del alta de la línea.

Además de la indemnización de 6.000 euros las dos empresas condenadas deberán pagar al demandante el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda y las costas judiciales del procedimiento.

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Desistimiento unilateral de arrendamiento de local de negocio.

Derecho civil / 08.05.20180 comentarios

En su sentencia de día 3 de octubre de 2017 el Tribunal Supremo declara que cuando no se pacta el desistimiento unilateral del arrendatario, ni se acepta el mismo por el arrendador, procede acordar el cumplimiento del contrato y condenar al arrendatario al pago de las rentas pendientes. Es por ello que si tiene la intención de firmar un contrato de arrendamiento, le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro Departamento Legal para estudiar su caso concreto y redactar/revisar dicho contrato con un lenguaje jurídico claro, conciso y conforme a la ley, a fin y efecto de evitar sorpresas desagradables como en el caso enjuiciado.

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Cómo tramitar una herencia.

Derecho civil / 26.03.20180 comentarios

Nuestro ordenamiento jurídico prevé un plazo corto de tiempo para que los herederos de una persona fallecida realicen todas las gestiones encaminadas a la tramitación de la liquidación y adjudicación de los bienes objeto de la herencia, comenzando con la solicitud del certificado de defunción y, posteriormente, la petición al Ministerio de Justicia del certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, a fin de comprobar la existencia o no de testamento, siendo también muy conveniente solicitar un certificado del Registro de Seguros de Vida. Es por ello que si desea más información sobre el particular, le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro Departamento Legal para estudiar su caso concreto.

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El testamento vital o documento de voluntades anticipadas.

Derecho civil, Derecho de Familia / 20.03.20180 comentarios

El testamento vital, también conocido como voluntades anticipadas o instrucciones previas, es el escrito por el que una persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, con objeto de que ésta se cumpla en el momento que no sea capaz de expresarse personalmente o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. Este documento ayuda a los familiares y también a los profesionales sanitarios a determinar las mejores decisiones para un paciente, ante situaciones clínicas en las que éste no puede expresar su voluntad. Es por ello que si desea más información sobre el particular, le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro Departamento Legal para estudiar su caso concreto.

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Pago del IAJD por la constitución de una hipoteca a cargo del consumidor.

Derecho civil / 06.03.20180 comentarios

El Pleno de la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo ha dictado en fecha 28 de febrero de 2018 sentencia que resuelve dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores que solicitaban la nulidad de la cláusula que imponía la totalidad de los gastos e impuestos derivados de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria al prestatario-consumidor.

La sentencia dictada por el Alto Tribunal únicamente ha considerado discutir lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estimando en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y estableciendo que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

  • Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Para ello se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha venido determinando que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.
  • Por lo que respecta al timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

De esta manera el Supremo resuelve este asunto tan controvertido y se pronuncia en el mismo sentido que lo ya establecido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 31 de octubre de 2006, reiterando que el obligado tributario es el prestatario, en aplicación del artículo 29 de la Ley del ITPAJD: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.

Tan conocida controversia se suscitó a partir de que el Tribunal Supremo, en aplicación directa a consecuencia de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, dictó su Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015 en la que declaraba la abusividad de las cláusulas que hacen recaer en el hipotecado una serie de gastos e impuestos relativos a la constitución de hipoteca.

Aunque de momento, con esta nueva sentencia la solicitud de devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados va a ser desestimada por los tribunales españoles, queda todavía una última instancia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, tal y como ya ocurrió en su día con las cláusulas suelo, bien podría ser que se pronunciara en sentido contrario y obligase una vez más al Tribunal Supremo español a tener que rectificar su doctrina.

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Ilegal la inclusión no consentida en grupos de WhatsApp.

Derecho civil / 09.01.20180 comentarios

Tras la denuncia de un vecino del municipio de Boecillo (Valladolid) contra el Ayuntamiento de dicha localidad por incluirle en un chat sin permiso, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que incluir números de teléfono en grupos de WhatsApp sin consentimiento expreso del titular de la línea contraviene la Ley de Protección de Datos (LOPD).

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