Según la Inspección de Trabajo en Valencia los 200 repartidores de Glovo son falsos autónomos.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 02.01.20190 comentarios

La Inspección de Trabajo en Valencia acaba de concluir, en una resolución recientemente publicada, que en torno a 200 repartidores de Glovo en la ciudad no son autónomos, como pretende la empresa, sino empleados no reconocidos, como había denunciado Comisiones Obreras. La decisión es recurrible ante los tribunales, que han dado respuestas contradictorias ante supuestos similares.

La Inspección de Trabajo ya había impugnado el modelo laboral de los repartidores de Deliveroo en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, y extiende ahora sus conclusiones a los de Glovo, al considerar que en su modelo laboral también “concurren los presupuestos constitutivos del contrato de trabajo, dependencia y ajenidad”.

Como consecuencia de ello, la Inspección ha extendido acta de liquidación de cuotas y ha comunicado de oficio el alta de los repartidores de Glovo en Valencia en el Régimen General de la Seguridad Social. La resolución no especifica a cuántos trabajadores afecta, pero según Comisiones Obreras, por la información que se les ha trasladado, rondan los 200.

Contra dicha resolución administrativa cabe recurso judicial. Los tribunales han dado hasta el momento respuestas contradictorias al esquema laboral de estas nuevas compañías de reparto, basadas en el uso de una aplicación para dispositivos móviles, a través de las cuales los trabajadores reciben los encargos. Un juzgado de Valencia concluyó en junio que un repartidor de Deliveroo era un falso autónomo, en una sentencia que devino firme después de que la empresa retirara el recurso que había planteado. Por el contrario, en septiembre, un juzgado de Madrid decidió en primera instancia que un repartidor de Glovo era un trabajador por cuenta propia, y no un falso autónomo como había alegado.

Tras conocer la resolución de la Inspección de Trabajo, Glovo ha inisitido en que el modelo de relación laboral con sus repartidores se ajusta a la legalidad, señalando que “Esta certeza parte del hecho de que los repartidores tienen la máxima libertad para decidir cuándo y cuánto quieren colaborar con la plataforma. La gran mayoría de repartidorequieren mantener su libertad y la flexibilidad para ser capaces de colaborar con la plataforma cuando ellos decidan, pudiendo desistir de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello penalización alguna”.

El primer juicio colectivo sobre la figura, que afecta a 517 repartidores de Deliveroo y en el que la Tesorería de la Seguridad Social figura entre los demandantes, fue suspendido la semana pasada hasta el próximo mes de mayo por un juzgado de lo Social de Madrid después de que la compañía solicitara la práctica de nuevas pruebas, ya que la empresa británica pretende demostrar que los riders (repartidores) han estado trabajando simultáneamente para otras firmas de reparto para restar consistencia al vínculo que mantiene con ellos.

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Cobertura de trabajadores desplazados al extranjero

Derecho Laboral y Seguridad Social / 28.11.20180 comentarios

Para que un Trabajador desplazado al extranjero tenga cobertura en caso de accidente o enfermedad, la Empresa debe realizar una comunicación, de manera individualizada y con carácter previo a cada desplazamiento, a la Seguridad Social.
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Infracción grave el no formalizar contrato de trabajo por escrito

Derecho Laboral y Seguridad Social / 27.11.20180 comentarios

La no formalización del contrato de trabajo por escrito cuando resulta obligatoria supone una infracción grave del empresario a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Infracciones en el Orden Social, pudiendo ser sancionado por la Inspección de Trabajo con multa de 626 a 6.250 euros.

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Devolución IRPF prestaciones por maternidad.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 27.11.20180 comentarios

La Agencia Tributaria ha recibido ya los datos de la Seguridad Social sobre los permisos de maternidad y está cruzando las cifras, por lo que, al parecer, está “muy cerca” de arrancar el mecanismo de devolución del IRPF cobrado en estas prestaciones como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que determinó su exención.

Fuentes del Ministerio de Hacienda afirman que están estudiando el procedimiento más rápido para proceder a la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad, de forma que la información nazca cruzada y los contribuyentes no tengan que aportar justificantes, así como que en las declaraciones de la Renta de 2018, que se presentarán el próximo ejercicio, tal exención ya vendrá contemplada.

El Tribunal Supremo determinó a principios de octubre que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social que perciben los padres trabajadores durante la baja tras el nacimiento de un hijo, están exentas del IRPF, en contra del criterio que había mantenido hasta entonces la Agencia Tributaria.

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Plazo de prescripción de las faltas de los trabajadores.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 27.11.20180 comentarios

El debate se centra en la determinación del día inicial del plazo de seis meses en la denominada “prescripción larga” establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores cuando transcurre un lapso de tiempo superior entre la fecha de comisión de los actos que se imputan al trabajador y la fecha en la que se impone la sanción disciplinaria.

Una reciente sentencia considera que en los supuestos de despido por transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza, la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el precitado artículo 60.2 ET no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas, sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día en el que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos.

Así, si los actos transgresores de la buena fe contractual se cometen por el trabajador de modo fraudulento o con ocultación, eludiendo los posibles controles del empresario, debe tenerse en cuenta que tal ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, basta para que no empiece a computarse la prescripción que el cargo que desempeña el infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la misma falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa que sirve para la ocultación de la propia, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el computo de la prescripción.

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El Gobierno sancionará a las empresas que no luchen por la igualdad.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 26.11.20180 comentarios

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su discurso en Estrasburgo con motivo de la celebración de la VI edición del Foro Mundial para la Democracia organizado por el Consejo de Europa anunció que el Gobierno estudia la inclusión de disposiciones de igualdad de género en el Proyecto de Ley de información no financiera, “a fin de equiparar las condiciones laborales de hombres y mujeres, de aumentar la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas, y de sancionar económicamente a las compañías que no concilien o que extingan un contrato durante el embarazo de una empleada”.

De esta forma reivindicó el desequilibrio general en la toma de decisiones económicas como obstáculo para el empoderamiento de la mujer y como barrera para el crecimiento económico y desarrollo sostenible. Delgado comenzó su discurso como lo viene haciendo desde que aceptó su cargo, recordando la cifra de las mujeres que han sido víctimas del “terrorismo machista”, en concreto, 972 fallecidas desde 2003, y en lo que va de año ya son 44.

Rememorando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en 2017 por el arco político parlamentario y algunas de las 481 medidas divididas en sus 10 ejes de actuación, la ministra presumió- a la vez que criticó- de las cifras en torno a la igualdad en el ámbito de la Justicia. “En España, la presencia de la mujer es mayoritaria en la carrera judicial y fiscal, con un 53 por ciento de juezas y magistradas, y un 64 por ciento de mujeres fiscales, pero solo el 20 por ciento de mujeres está en la cúpula de la carrera judicial y solo el 36 por ciento en la fiscal”, dijo.

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Sucesión de empresas: impera el régimen legal de subrogación sobre lo fijado en convenio.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 26.11.20180 comentarios

Siempre que haya transmisión en el marco de una sucesión de empresas impera el régimen legal de transmisión y subrogación laboral, debiendo considerarse ilegal el convenio que lo desconozca. Así lo determina la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de septiembre de 2018, por la que rectifica su doctrina anterior y aplica el criterio esgrimido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en julio de 2018.

El litigio surgió a raíz de la subrogación de una empresa de limpieza por sucesión que fue operada a través del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales que establece que la responsabilidad sobre las deudas salariales anteriores al fin de la contrata corresponden exclusivamente a la empresa saliente.

No obstante, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la sucesión de empresas, determina que, en caso de trasmisión, el cedente y el cesionario “responderán solidariamente de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas”, con lo que lo que entra a debatir el Tribunal Supremo es si la empresa entrante debe responder solidariamente con su antecesora de las deudas salariales contraídas por ésta con sus trabajadores.

Hasta ahora, la doctrina del Supremo admitía la validez de la regulación mediante convenios en el marco de la subrogación empresarial. Sin embargo, corrige ahora este criterio y afirma que “el hecho de que la subrogación de plantilla sea consecuencia de lo previsto en el convenio colectivo no afecta al modo en que deba resolverse el problema”, por cuanto lo dispuesto en un convenio colectivo “no puede derogar el sistema legal de responsabilidades” establecido en el mencionado artículo del ET.

Por otro lado, afirma el Tribunal Supremo que, en sectores donde la mano de obra constituye el elemento principal de la actividad empresarial, es posible que “el conjunto de personas adscritas a la actividad equivalga a la unidad económica cuyo cambio de titularidad activa la subrogación”, pero esa subrogación no es automática e incondicionada, matiza el órgano judicial, sino que la sucesión en la contrata activa la subrogación empresarial “siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas”.

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La justicia europea avala despedir a profesores interinos al acabar el curso.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 26.11.20180 comentarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado la normativa española que permite que la Administración Pública extinga el contrato de profesores funcionarios interinos cuando finaliza el periodo lectivo, porque ya no concurren las razones de “necesidad y urgencia” que existían cuando obtuvieron el puesto.

Se trata de una práctica que se repite cada año: se da una fuerte contratación en el sector de la educación en septiembre y octubre, mientras que cuando acaba el curso se extinguen esos contratos. Las autoridades educativas alegaron que habían desaparecido tanto la necesidad como la urgencia que habían justificado que se recurriese temporalmente a sus servicios. Los docentes, por su parte, argumentaban que la resolución de sus contratos es abusiva y reclamaban tener los mismos derechos que los funcionarios de carrera.

En su sentencia, el TUE señala que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada “no se opone a la normativa española” que permite a un empleador extinguir el contrato de profesores funcionarios interinos cuando finaliza el periodo lectivo si “ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento”, mientras que se mantiene la relación de servicio de los docentes funcionarios de carrera, sobre la base de que el hecho de que lo se extinga la relación de los profesores con contrato indefinido “es inherente a la propia naturaleza de la relación de servicio de estos empleados”.

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Personas con discapacidad en plantilla

Derecho Laboral y Seguridad Social / 21.11.20180 comentarios

Las empresas que empleen a un número de 50 o más trabajadores al menos el 2 por ciento de la plantilla debe cubrirse con personas con una discapacidad reconocida del 33 por ciento o más.
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Las irregularidades del director financiero no eximen de responsabilidad al auditor

Derecho Mercantil / 21.11.20180 comentarios

La mala praxis o los errores del director financiero o del administrador de una sociedad no eximen de responsabilidad a la empresa auditora por los fallos en sus informes de cuentas. Así lo determina el Tribunal Supremo en una reciente sentencia en la que confirma la condena al pago de una indemnización a los auditores de una compañía, a pesar de considerarse probado que la documentación que ésta les remitió presentaba “irregularidades”.

La resolución subraya que “el hecho de que el deber legal de formular cuentas anuales corresponda a los administradores […] no comporta la exoneración del auditor de efectuar las verificaciones oportunas que permitan detectar la existencia de irregularidades”.

En el caso enjuiciado, la empresa había demandado a la auditora porque durante los cuatro años que duró su contrato y emitió informes no detectó las irregularidades que contenían las cuentas. Una actuación que, según cifró la compañía, le causó un perjuicio de más de dos millones de euros. Los auditores alegaron en su defensa que el “comportamiento negligente” de los socios, administradores y dirección de la compañía les impedía ser, a la vez, causantes y víctimas del daño. Un argumento que, sin embargo, rechazó el Alto Tribunal, para quien dicha actuación no exime a la auditora de actuar con la “diligencia requerida” por la normativa y la naturaleza del encargo realizado.

La importancia de esta sentencia radica en que “los comportamientos irregulares del director financiero no pueden ser excusa para que la auditora pueda liberarse de la propia responsabilidad por el desarrollo de su tarea” lo que, no obstante, no equivale a decir que los auditores sean responsables de los errores de dichos directivos.

Según el Tribunal Supremo, en el examen de las cuentas fallaron, tanto los procedimientos, como los datos en los que se inspiraron, al no haber sido suficientemente contrastados, apuntando a numerosas deficiencias, como la inadvertencia de notables diferencias en los estados contables; o la falta de comprobación entre los originales y las copias de los albaranes, lo que comporta que se mantenga vivo el “nexo causal” que se exige entre el daño y la actuación del demandado para apreciar la existencia de responsabilidad civil.

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