Madre obligada a devolver las pensiones de alimentos abonadas indebidamente por no haber comunicado al padre que la hija de 24 años trabajaba.

Derecho de Familia / 05.02.20190 comentarios

En primer lugar, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 29 de enero de 2019 confirma la estimación de la solicitud del progenitor alimentante de extinción de la pensión alimenticia que hasta este momento venía abonando a favor de su hija mayor de edad. La alimentista, de 24 años de edad, está trabajando por cuenta ajena desde hace tiempo y obtiene unos ingresos mensuales superiores a los 900,00 euros, lo que evidencia su plena incorporación al mercado laboral aunque algunos de los contratos fueran temporales. Por otra parte, la Audiencia considera que, aun siendo admirable el deseo de la hija de seguir estudiando, ello puede ser compatibilizado con su actividad laboral, lo que no impide que se aprecie la concurrencia de causa justificativa de la extinción solicitada por el padre.

La segunda cuestión que se plantea es la retroactividad de la referida extinción. La hija firmó el último contrato hace dos años, trabajando de forma continua desde esa fecha, por lo que debió comunicar a su padre su incorporación al mundo laboral. Incumplida esta obligación y continuando la madre cobrando las pensiones de alimentos de su hija pese a saber que ya estaba incorporada al mundo laboral, la Audiencia dispone que estamos ante un supuesto, no de enriquecimiento injusto, sino de abuso de derecho que conlleva la concesión de efectos retroactivos a la extinción de la pensión de alimentos, concluyendo que dichos efectos deben extenderse a la fecha de la firma del último contrato, que es cuando la hija de los litigantes quedó definitivamente incorporada al mundo laboral de forma continua.

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Exención en el IRPF de la indemnización de un empleado de hogar por desistimiento del empleador.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

La Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT), de 28 de noviembre de 2018, analiza un supuesto en el que una empleada del hogar consulta sobre la posible exención fiscal fijada en el Art. 7 e) de la Ley del IRPF, de la indemnización por desistimiento del empleador establecida actualmente en 12 días de salario por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades.

Para la DGT, en efecto, a los contratos celebrados a partir del 1 enero de 2012 la indemnización por extinción de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar por desistimiento del empleador le resultaría de aplicación la exención establecida en el art. 7.e) de la Ley del IRPF hasta 12 días naturales por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades, mientras que para los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha la indemnización estaría exenta hasta 7 días por año, con el límite de 6 mensualidades.

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El empresario puede optar por la readmisión aunque el trabajador se haya jubilado el día después de su despido.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

Reconocida por la empresa la improcedencia del despido en el mismo acto del juicio, y optando expresamente por la readmisión del trabajador, se opuso éste alegando imposibilidad de reincorporación por haberse jubilado en fecha posterior a la del despido.

Sin embargo, la Sala da la razón a la empresa y mantiene que el reconocimiento al trabajador de la jubilación anticipada no es causa constitutiva de una imposibilidad material o legal de readmisión. En verdad es posible en estos casos que el jubilado solicite la suspensión del abono de la pensión de jubilación anticipada para reincorporarse de nuevo a la empresa que lo despidió improcedentemente. Por tanto, la jubilación no limita la facultad de opción de la empresa entre la indemnización o la readmisión.

Entiende el juzgador que la empresa que opta en estas circunstancias por la readmisión en lugar de por la indemnización conociendo la situación de jubilación del demandante no está incurriendo en un ejercicio abusivo de su derecho, ya que la opción corresponde al empresario y únicamente se excepciona cuando el empleado es un representante legal o sindical, en cuyo caso el derecho de opción se invierte.

En el caso enjuiciado, al ser el trabajador quien promovió el proceso judicial impugnando el despido objetivo y postuló la declaración de improcedencia, debía conocer que una de las consecuencias de estimarse su demanda y declararse la improcedencia del despido era precisamente que la empresa pudiera optar por su readmisión, sin que esa opción revele por sí sola un propósito de causarle un daño, toda vez que  también puede adoptarse por ser la solución menos perjudicial para los intereses económicos de la empresa.

Cosa distinta es que, si bien el trabajador/pensionista no tiene derecho a la indemnización por el despido improcedente, sí tiene derecho a los salarios de tramitación porque son compatibles con la percepción de la pensión. Los salarios de tramitación no constituyen una obligación adicional a la del pago de la indemnización extintiva. No hay ninguna limitación en la normativa reguladora que imposibilite el cobro de la pensión con los salarios de tramitación. Cierto es que existen restricciones para su cobro, tanto en el caso que el trabajador haya encontrado otro empleo, como cuando esté percibiendo la prestación por desempleo, pero sin embargo estas situaciones no son equiparables a la de jubilación, y por ello, al no existir una regulación específica, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de día 6 de noviembre de 2018, entiende que la empresa debe abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia del Juzgado.

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El daño moral por accidente laboral no puede descontarse de la prestación por incapacidad.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

Así lo dictamina el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado día 21 de noviembre de 2018 por la que unifica doctrina y rechaza descontar la citada cantidad al considerar que las indemnizaciones por daños morales son compatibles y complementarias con las prestaciones económicas abonadas por la Seguridad Social.

Así, la Sala reitera la validez de otra sentencia del mismo órgano de junio de 2014 y confirma que el perjudicado puede ejercitar todas las acciones que le reconozca la ley para obtener el resarcimiento total tras un accidente en el trabajo, añadiendo en ese sentido que la finalidad de la reparación es “lograr la íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso”, aunque advirtiendo también que debe evitar el enriquecimiento injusto.

La Ley General de la Seguridad Social permite que un accidente de trabajo genere diferentes prestaciones simultáneas, con independencia de las consecuencias legales del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa, por lo que el Alto Tribunal rechaza que pueda hacerse una valoración conjunta de los daños, obligando al perjudicado a identificar e indicar qué daños y perjuicios concretos se han sufrido como consecuencia del accidente de trabajo y, por tanto, cuál es la cuantía indemnizatoria que se asigna y reclama por cada uno de ellos.

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Número de representantes de los trabajadores

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.01.20190 comentarios

La fecha determinante para computar el número de representantes de los trabajadores a elegir dentro de la empresa es la del preaviso electoral y no la de la constitución de la mesa electoral.
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Responsabilidad de la empresa en accidentes de trabajo o enfermedad profesional

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.01.20190 comentarios

En los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional se derivará la responsabilidad a la empresa a no ser que pruebe fehacientemente la adopción de las medidas necesarias para prevenir el riesgo y/o evitarlo. No exime de responsabilidad el hecho de que el trabajador tuviera la culpa del accidente, siempre y cuando no hubiera habido temeridad.

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Novedades en la cotización de los autónomos.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 03.01.20190 comentarios

Las bases mínimas de cotización de los autónomos subirán un 1,25%. Es decir que, a partir del 1 de enero de 2019, la base mínima subirá hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%. Por lo tanto, al mes abonarán a la Seguridad Social 283,3 euros, es decir, 5,36 euros más al mes de lo que pagan ahora, y 64 euros más al año.

En el caso de los autónomos societarios que tengan más de diez empleados o sean directivos de una sociedad, la base mínima subirá el próximo año hasta los 1.214,08 euros mensuales. En su caso, pagarán 364,22 euros al mes. Es decir, tendrán un aumento de 6,89 euros mensuales, que se traducirá en cerca de 83 euros más al año. El tipo de cotización de este año sube al 30%; al 30,3%, en 2020, y al 30,6%, en 2021, para queda en 2022 definitivamente fijado en el 31%.

A cambio de esa subida de las cotizaciones mínimas, los autónomos tendrán que cotizar de forma obligatoria para poder estar de baja por enfermedades comunes o las causadas por su profesión. De la misma forma, su protección por desempleo, conocida como cese de actividad, se duplicará.

La tarifa plana de cotización a la Seguridad Social, para los autónomos que inicien un negocio, se eleva desde los 50 euros a los 60 euros mensuales, durante el primer año. En el segundo año de actividad, el autónomo podrá recibir una bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social.

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El empresario puede retractarse del despido antes de la fecha de extinción indicada en la carta.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 03.01.20190 comentarios

En la medida en que uno de los efectos de la declaración de improcedencia del despido es la posibilidad de que el empresario opte por la readmisión del trabajador en pro del mantenimiento de la relación de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, en su sentencia de día 18 de septiembre de 2018, reitera que la retractación por parte del empresario de su decisión extintiva mientras el vínculo sigue vivo, esto es, durante el tiempo de preaviso, resulta ajustada a derecho.

La retractación del despido realizada por la empresa con anterioridad a la efectividad del despido es válida y surte efectos frente al trabajador aunque, como en el caso, éste recibiera la transferencia de la indemnización antes de la fecha de efectos del despido, porque siguió prestando servicios hasta la fecha final y si dejó de acudir a la empresa fue por voluntad propia, toda vez que el empresario le había comunicado la retractación.

En el caso enjuiciado, el juego de fechas lleva a la Sala a confirmar la condena impuesta en la instancia al trabajador a devolver lo recibido en concepto de indemnización por despido porque éste no llegó a tener lugar por efecto de la retractación comunicada por el empresario.

Apunta la sentencia que el preaviso es simplemente el anuncio previo de que próximamente se va a rescindir el contrato, pero es solo eso, una advertencia que se hace por exigencia de la ley para prevenir. Con el preaviso no se extingue el contrato; sigue vivo hasta que llega la fecha prevista para su efectividad y por ello, es por lo que en el período que media entre el preaviso y la fecha efectiva del despido, el empresario puede arrepentirse de su decisión, retractándose, y el empleado está obligado a aceptarlo.

Además, y como efecto de lo anterior, si una vez comunicada la retractación el trabajador no retorna a su puesto de trabajo, resulta procedente su despido disciplinario con efectos desde el mismo día en que no acude al trabajo sin motivo justificado, por ser ésta una falta muy grave.

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Mejoras en la pensión de viudedad para mayores de 65 años en 2019.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 03.01.20190 comentarios

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 estableció la mejora de la pensión de viudedad para las personas de 65 o más años con recursos limitados que recogía la disposición adicional 30ª de la Ley 27/2011, lo que supuso elevar el porcentaje aplicable del 52% al 56% a partir del 1de agosto de 2018.

A partir del 1 de enero 2019, el porcentaje será del 60% siempre y cuando las personas beneficiarias cumplan con los siguientes requisitos:

  • Haber cumplido una edad igual o superior a 65 años;
  • No tener derecho a otra pensión pública española o extranjera;
  • No percibir ingresos por la realización de trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena;
  • Carecer de rendimientos o rentas superiores al límite de ingresos establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
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Requisitos de acceso a la jubilación en 2019.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 02.01.20190 comentarios

La Ley 27/2011 introdujo importantes modificaciones en la regulación de la pensión de jubilación, afectando a cuestiones tales como la edad ordinaria de jubilación; el cálculo de la base reguladora de la pensión y el porcentaje aplicable a la misma; la jubilación anticipada y la jubilación parcial. La reforma, que  entró en vigor el 1-1-2013, estableció normas transitorias hasta su plena aplicación en 2027, que para 2019 se traducen en las siguientes:

A) Edad de jubilación. La edad ordinaria de jubilación queda fijada para 2019 en 65 años y 8 meses siempre que se acrediten al menos 15 años de cotización. No obstante, se permite acceder a la jubilación a los 65 años a quienes acrediten al menos 36 años y 9 meses de cotización (LGSS disp.trans.7 ª). Este cambio retrasa también la edad de acceso a la jubilación anticipada al estar referenciada a la edad ordinaria de jubilación, para lo que se exige una edad inferior en 4 años a la ordinaria de jubilación cuando se trate de la jubilación anticipada forzosa, e inferior en 2 años cuando se quiera acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

Para acceder a la jubilación anticipada en 2019 se exigirá haber cumplido 63 años de edad si se acreditan al menos 35 años y 3 meses de cotización, o 64 años de edad si solo se acreditan 35 años de cotización (LGSS art. 215 y disp.trans 10ª).

B) Base reguladora de la pensión de jubilación. Durante 2019 se calculará dividiendo por 308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, de modo que se tomarán en consideración los últimos 22 años cotizados, uno año más que en 2018 (LGSS disp.trans.8ª).

C) Beneficio por cuidado de hijos o menores. Para el cálculo de la base reguladora se computarán como periodo cotizado determinado número de días cuando la cotización hubiese quedado interrumpida por la extinción de la relación laboral o la finalización del cobro de prestaciones o subsidios por desempleo producidas entre los 9 meses anteriores al nacimiento, o los 3 meses anteriores a la adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación. En 2019 se computarán como cotizados 270 días por cada hijo o menor adoptado o acogido, lo que supone un incremento de 24 días con respecto al año anterior (LGSS art. 236 y disp.trans. 14ª) .

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