El sector textil pacta un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales para 2021.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 11.02.20190 comentarios

Las patronales del textil y de la confección y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un acuerdo que permitirá que el convenio colectivo tenga eficacia general tras recoger la exigencia de CCOO de que todos los trabajadores tengan garantizado un salario mínimo anual de 14.000 euros a partir de 2021.

Las organizaciones empresariales y el sindicato UGT ya habían firmado el pasado 3 de septiembre  el convenio estatal que recogía un incremento salarial del 2 % en 2018 y 2019 y del 1,8 % en 2020, así como una subida del 3 % del salario mínimo intertextil. Sin embargo, CCOO, que es además el sindicato mayoritario del sector, no firmó este acuerdo argumentando que solo se uniría a él hasta que el texto recogiera un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

Además, CCOO. impugnó este convenio estatal ante la Audiencia Nacional pero, justo antes de que la justicia emitiera su veredicto, patronales y sindicatos han acordado que el acuerdo sectorial incluyera el citado salario mínimo. El nuevo texto fija que a partir del 1 de enero de 2021, todos los trabajadores afectados tendrán garantizado un salario mínimo de 14.000 euros en cualquier circunstancia.

Con ello CCOO se ha sumado al convenio, dotándolo así de eficacia general.

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El Tribunal Supremo rectifica: las empresas no están obligadas a tener comedor.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 11.02.20190 comentarios

Las empresas de más de cincuenta trabajadores no están obligadas por ley a disponer de un comedor para sus empleados. Así lo establece la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 2018 rectificando su propio criterio mantenido hasta ahora. La decisión, que no ha sido unánime al contar con el voto discrepante de tres magistrados, da un giro de 180 grados a la doctrina seguida hasta la fecha. El Supremo llega a esta conclusión tras declarar que la normativa que apoyaba esta exigencia, y que data del año 1938, está en la actualidad derogada, y, por tanto, no es de aplicación, con lo que en relación con los comedores de empresa los empresarios solo están obligados en los términos que establezcan, en su caso, los convenios colectivos.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo comienza analizando la vigencia de la normativa que hasta el momento ha apoyado las demandas de los trabajadores en esta cuestión, llegando a la conclusión de que esas normas de 1938 ya no están vigentes. Como explica la Sala, aunque no se había tenido en cuenta hasta ahora, éstas se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, que quedó sin efecto en 1971 y fue posteriormente derogado en 1997 por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

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Recuperar cuotas IVA

Fiscal / 06.02.20190 comentarios

Puede recuperar las cuotas de IVA repercutido en los supuestos de clientes morosos o declarados en concurso de acreedores, siempre que la solicitud se tramite en la forma y plazos establecidos en la Ley de IVA.

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Tributación mediante sistema de Estimación Objetiva

Fiscal / 06.02.20190 comentarios

Si usted tributa mediante el sistema de Estimación Objetiva (módulos), debe tener en cuenta cualquier modificación en los parámetros que fijan el rendimiento neto de su negocio (personal empleado, superficie del local, mesas, potencia, consumo eléctrico, etc.).
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Derecho de ausencia del trabajo

Derecho Laboral y Seguridad Social / 05.02.20190 comentarios

Las personas trabajadoras, hombres y mujeres, tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo sin pérdida de retribución, que se puede dividir en dos fracciones, por motivo de lactancia -natural o artificial- de un hijo menor de nueve meses. Este derecho solo puede ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

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Suspensión automática de una sanción en vía contencioso-administrativa.

Derecho Administrativo / 05.02.20190 comentarios

El contribuyente, que había interpuesto reclamación económico-administrativa ante el TEAC, interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo. El objeto del recurso incluye liquidación y sanción, y para ambos casos se solicita la suspensión del acto impugnado, que es analizada en pieza separada de suspensión.

La controversia surge al solicitar el recurrente la suspensión de la sanción sin necesidad de aportar garantía, argumentando que la ejecución de la sanción se encontraría suspendida “ope legis” durante toda la tramitación de la reclamación económico-administrativa hasta su resolución expresa si no se interpusiera el recurso por silencio administrativo, de tal forma que si se le exige garantía en vía judicial se le haría de peor condición en una situación de incumplimiento del TEAC.

El Abogado del Estado se opuso a la solicitud alegando que el automatismo de la vía administrativa no es trasladable a la vía judicial, debiendo acreditarse mínimamente la imposibilidad de constituir una caución que asegure el interés público.

No obstante, la Audiencia Nacional, en fecha 25 de septiembre de 2018, acuerda la suspensión de la sanción en base a dos razones:

  • La elevada cuantía de la sanción, de tal forma que su ingreso supondría un daño económico de difícil reparación, mientras que su no ingreso sin garantía no supone un daño para el interés público.
  • El derecho  a acudir a la jurisdicción y de acceso  a los tribunales, que se verían perjudicados si al acudir a la vía judicial ante el incumplimiento por el TEAC se exigen más requisitos al reclamante que los que avalan la suspensión en vía administrativa, donde la norma autoriza que durante la tramitación de la reclamación no se ejecuten las sanciones, y ello sin necesidad de aportar ninguna garantía.

No obstante, también señala que el mantenimiento de la suspensión de la sanción en las mismas condiciones que en la vía económico-administrativa solo ha de mantenerse hasta que se resuelva expresamente la reclamación.

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Madre obligada a devolver las pensiones de alimentos abonadas indebidamente por no haber comunicado al padre que la hija de 24 años trabajaba.

Derecho de Familia / 05.02.20190 comentarios

En primer lugar, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 29 de enero de 2019 confirma la estimación de la solicitud del progenitor alimentante de extinción de la pensión alimenticia que hasta este momento venía abonando a favor de su hija mayor de edad. La alimentista, de 24 años de edad, está trabajando por cuenta ajena desde hace tiempo y obtiene unos ingresos mensuales superiores a los 900,00 euros, lo que evidencia su plena incorporación al mercado laboral aunque algunos de los contratos fueran temporales. Por otra parte, la Audiencia considera que, aun siendo admirable el deseo de la hija de seguir estudiando, ello puede ser compatibilizado con su actividad laboral, lo que no impide que se aprecie la concurrencia de causa justificativa de la extinción solicitada por el padre.

La segunda cuestión que se plantea es la retroactividad de la referida extinción. La hija firmó el último contrato hace dos años, trabajando de forma continua desde esa fecha, por lo que debió comunicar a su padre su incorporación al mundo laboral. Incumplida esta obligación y continuando la madre cobrando las pensiones de alimentos de su hija pese a saber que ya estaba incorporada al mundo laboral, la Audiencia dispone que estamos ante un supuesto, no de enriquecimiento injusto, sino de abuso de derecho que conlleva la concesión de efectos retroactivos a la extinción de la pensión de alimentos, concluyendo que dichos efectos deben extenderse a la fecha de la firma del último contrato, que es cuando la hija de los litigantes quedó definitivamente incorporada al mundo laboral de forma continua.

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Exención en el IRPF de la indemnización de un empleado de hogar por desistimiento del empleador.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

La Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT), de 28 de noviembre de 2018, analiza un supuesto en el que una empleada del hogar consulta sobre la posible exención fiscal fijada en el Art. 7 e) de la Ley del IRPF, de la indemnización por desistimiento del empleador establecida actualmente en 12 días de salario por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades.

Para la DGT, en efecto, a los contratos celebrados a partir del 1 enero de 2012 la indemnización por extinción de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar por desistimiento del empleador le resultaría de aplicación la exención establecida en el art. 7.e) de la Ley del IRPF hasta 12 días naturales por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades, mientras que para los contratos celebrados con anterioridad a esa fecha la indemnización estaría exenta hasta 7 días por año, con el límite de 6 mensualidades.

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El empresario puede optar por la readmisión aunque el trabajador se haya jubilado el día después de su despido.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

Reconocida por la empresa la improcedencia del despido en el mismo acto del juicio, y optando expresamente por la readmisión del trabajador, se opuso éste alegando imposibilidad de reincorporación por haberse jubilado en fecha posterior a la del despido.

Sin embargo, la Sala da la razón a la empresa y mantiene que el reconocimiento al trabajador de la jubilación anticipada no es causa constitutiva de una imposibilidad material o legal de readmisión. En verdad es posible en estos casos que el jubilado solicite la suspensión del abono de la pensión de jubilación anticipada para reincorporarse de nuevo a la empresa que lo despidió improcedentemente. Por tanto, la jubilación no limita la facultad de opción de la empresa entre la indemnización o la readmisión.

Entiende el juzgador que la empresa que opta en estas circunstancias por la readmisión en lugar de por la indemnización conociendo la situación de jubilación del demandante no está incurriendo en un ejercicio abusivo de su derecho, ya que la opción corresponde al empresario y únicamente se excepciona cuando el empleado es un representante legal o sindical, en cuyo caso el derecho de opción se invierte.

En el caso enjuiciado, al ser el trabajador quien promovió el proceso judicial impugnando el despido objetivo y postuló la declaración de improcedencia, debía conocer que una de las consecuencias de estimarse su demanda y declararse la improcedencia del despido era precisamente que la empresa pudiera optar por su readmisión, sin que esa opción revele por sí sola un propósito de causarle un daño, toda vez que  también puede adoptarse por ser la solución menos perjudicial para los intereses económicos de la empresa.

Cosa distinta es que, si bien el trabajador/pensionista no tiene derecho a la indemnización por el despido improcedente, sí tiene derecho a los salarios de tramitación porque son compatibles con la percepción de la pensión. Los salarios de tramitación no constituyen una obligación adicional a la del pago de la indemnización extintiva. No hay ninguna limitación en la normativa reguladora que imposibilite el cobro de la pensión con los salarios de tramitación. Cierto es que existen restricciones para su cobro, tanto en el caso que el trabajador haya encontrado otro empleo, como cuando esté percibiendo la prestación por desempleo, pero sin embargo estas situaciones no son equiparables a la de jubilación, y por ello, al no existir una regulación específica, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de día 6 de noviembre de 2018, entiende que la empresa debe abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia del Juzgado.

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El daño moral por accidente laboral no puede descontarse de la prestación por incapacidad.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 04.02.20190 comentarios

Así lo dictamina el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado día 21 de noviembre de 2018 por la que unifica doctrina y rechaza descontar la citada cantidad al considerar que las indemnizaciones por daños morales son compatibles y complementarias con las prestaciones económicas abonadas por la Seguridad Social.

Así, la Sala reitera la validez de otra sentencia del mismo órgano de junio de 2014 y confirma que el perjudicado puede ejercitar todas las acciones que le reconozca la ley para obtener el resarcimiento total tras un accidente en el trabajo, añadiendo en ese sentido que la finalidad de la reparación es “lograr la íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso”, aunque advirtiendo también que debe evitar el enriquecimiento injusto.

La Ley General de la Seguridad Social permite que un accidente de trabajo genere diferentes prestaciones simultáneas, con independencia de las consecuencias legales del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa, por lo que el Alto Tribunal rechaza que pueda hacerse una valoración conjunta de los daños, obligando al perjudicado a identificar e indicar qué daños y perjuicios concretos se han sufrido como consecuencia del accidente de trabajo y, por tanto, cuál es la cuantía indemnizatoria que se asigna y reclama por cada uno de ellos.

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