Deducir gastos de vehículo móvil

Fiscal / 12.02.20190 comentarios

Las personas físicas que desarrollan una actividad económica y pretendan deducir los gastos ocasionados por la adquisición y/o utilización de un vehículo automóvil, deben estar en disposición de poder acreditar su afectación a la actividad de forma exclusiva. Como excepción a esta norma cabe destacar, entre otros, los destinados al transporte de mercancías, al transporte de viajeros mediante contraprestación y los utilizados por agentes comerciales.

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Tratamiento fiscal del pacto de no concurrencia post contractual.

Derecho Laboral y Seguridad Social, Fiscal / 12.02.20190 comentarios

Tras la extinción de su contrato de trabajo, el directivo suscribe con la hasta entonces empleadora un pacto de no concurrencia que, de conformidad con la normativa laboral, no podrá tener una duración superior a dos años y será válido siempre que el empresario tenga efectivo interés industrial o comercial y, además, ofrezca una compensación económica adecuada.

Está fuera de toda duda de que esa indemnización es un rendimiento del trabajo. Ahora bien, ¿puede aplicarse la reducción del 30% prevista para los rendimientos cuyo período de generación es superior a dos años?.

La Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante de fecha 28 de noviembre de 2018, concluye que no es aplicable al supuesto la mencionada reducción del 30%, puesto que la indemnización pactada por ese concepto no tiene encaje en ninguno de los supuestos que el art. 12 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas califica de rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y, además, de la propia naturaleza de la indemnización tampoco cabe deducir su irregularidad al no existir un período de generación previo en el que se haya ido gestando la indemnización, sino que ésta surge con el propio despido.

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¿Existe obligación de retener por IRPF en los préstamos gratuitos entre particulares?

Derecho civil / 12.02.20190 comentarios

Una persona que adquiere un local para afectarlo al ejercicio de su actividad profesional recibe de su hermano un préstamo sin intereses, préstamo exento por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y que también está exento de la obligación de practicar retención en el IRPF.

Se trata de un préstamo entre particulares sobre el que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone a priori que se trata de rendimiento del capital mobiliario, para luego excepcionar de tal consideración al disponer sobre el nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta que surge en el momento de la exigibilidad de los rendimientos del capital mobiliario, dinerarios o en especie, sujetos a retención o ingreso a cuenta, respectivamente, o en el de su pago o entrega si es anterior.

En su consulta vinculante de día 14 de noviembre de 2018 la Dirección General de Tributos resuelve que, en la medida en que se trata de un préstamo gratuito realizado en un ámbito particular entre familiares, que no genera intereses, no genera rendimientos del capital mobiliario y, por ello, no nace la obligación de retención o ingreso a cuenta por parte del prestatario.

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Intereses indemnizatorios por retraso en el pago de una indemnización exenta.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 11.02.20190 comentarios

Una persona física sufre un accidente de tráfico por el que, en virtud de sentencia judicial, recibe una indemnización y unos intereses por el retraso en el pago de la misma, pero ante la duda sobre su tributación eleva una consulta ante la Dirección General de Tributos cuestionando, entre otros extremos, el tratamiento de la indemnización y los intereses en el IRPF.

La Administración, en su contestación de fecha 5 de septiembre de 2018 establece que, en relación a su tributación en el IRPF:

La indemnización establecida por sentencia judicial se considera una renta exenta, ya que se trata de una compensación de los daños personales sufridos por un accidente causado por un tercero, por lo que constituye un supuesto de responsabilidad civil (LIRPF art.7.d).

En cuanto a los intereses, la Administración venía manteniendo como criterio que no quedan amparados por la exención, ya que no se corresponden estrictamente con el concepto indemnizatorio, sino que tratan de compeler a las aseguradoras al pronto pago.

Sin embargo, el TEAC en fecha 10 de mayo de 2018, en unificación de criterio y de forma vinculante, estableció que estos intereses se encuentran también exentos, con lo que finalmente la Administración rectifica su criterio asumiendo esta nueva doctrina en el sentido de admitir que los intereses también se encuentran amparados por la exención tributaria.

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El sector textil pacta un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales para 2021.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 11.02.20190 comentarios

Las patronales del textil y de la confección y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un acuerdo que permitirá que el convenio colectivo tenga eficacia general tras recoger la exigencia de CCOO de que todos los trabajadores tengan garantizado un salario mínimo anual de 14.000 euros a partir de 2021.

Las organizaciones empresariales y el sindicato UGT ya habían firmado el pasado 3 de septiembre  el convenio estatal que recogía un incremento salarial del 2 % en 2018 y 2019 y del 1,8 % en 2020, así como una subida del 3 % del salario mínimo intertextil. Sin embargo, CCOO, que es además el sindicato mayoritario del sector, no firmó este acuerdo argumentando que solo se uniría a él hasta que el texto recogiera un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.

Además, CCOO. impugnó este convenio estatal ante la Audiencia Nacional pero, justo antes de que la justicia emitiera su veredicto, patronales y sindicatos han acordado que el acuerdo sectorial incluyera el citado salario mínimo. El nuevo texto fija que a partir del 1 de enero de 2021, todos los trabajadores afectados tendrán garantizado un salario mínimo de 14.000 euros en cualquier circunstancia.

Con ello CCOO se ha sumado al convenio, dotándolo así de eficacia general.

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El Tribunal Supremo rectifica: las empresas no están obligadas a tener comedor.

Derecho Laboral y Seguridad Social / 11.02.20190 comentarios

Las empresas de más de cincuenta trabajadores no están obligadas por ley a disponer de un comedor para sus empleados. Así lo establece la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 2018 rectificando su propio criterio mantenido hasta ahora. La decisión, que no ha sido unánime al contar con el voto discrepante de tres magistrados, da un giro de 180 grados a la doctrina seguida hasta la fecha. El Supremo llega a esta conclusión tras declarar que la normativa que apoyaba esta exigencia, y que data del año 1938, está en la actualidad derogada, y, por tanto, no es de aplicación, con lo que en relación con los comedores de empresa los empresarios solo están obligados en los términos que establezcan, en su caso, los convenios colectivos.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo comienza analizando la vigencia de la normativa que hasta el momento ha apoyado las demandas de los trabajadores en esta cuestión, llegando a la conclusión de que esas normas de 1938 ya no están vigentes. Como explica la Sala, aunque no se había tenido en cuenta hasta ahora, éstas se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, que quedó sin efecto en 1971 y fue posteriormente derogado en 1997 por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

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Recuperar cuotas IVA

Fiscal / 06.02.20190 comentarios

Puede recuperar las cuotas de IVA repercutido en los supuestos de clientes morosos o declarados en concurso de acreedores, siempre que la solicitud se tramite en la forma y plazos establecidos en la Ley de IVA.

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Tributación mediante sistema de Estimación Objetiva

Fiscal / 06.02.20190 comentarios

Si usted tributa mediante el sistema de Estimación Objetiva (módulos), debe tener en cuenta cualquier modificación en los parámetros que fijan el rendimiento neto de su negocio (personal empleado, superficie del local, mesas, potencia, consumo eléctrico, etc.).
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Derecho de ausencia del trabajo

Derecho Laboral y Seguridad Social / 05.02.20190 comentarios

Las personas trabajadoras, hombres y mujeres, tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo sin pérdida de retribución, que se puede dividir en dos fracciones, por motivo de lactancia -natural o artificial- de un hijo menor de nueve meses. Este derecho solo puede ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

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Suspensión automática de una sanción en vía contencioso-administrativa.

Derecho Administrativo / 05.02.20190 comentarios

El contribuyente, que había interpuesto reclamación económico-administrativa ante el TEAC, interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo. El objeto del recurso incluye liquidación y sanción, y para ambos casos se solicita la suspensión del acto impugnado, que es analizada en pieza separada de suspensión.

La controversia surge al solicitar el recurrente la suspensión de la sanción sin necesidad de aportar garantía, argumentando que la ejecución de la sanción se encontraría suspendida “ope legis” durante toda la tramitación de la reclamación económico-administrativa hasta su resolución expresa si no se interpusiera el recurso por silencio administrativo, de tal forma que si se le exige garantía en vía judicial se le haría de peor condición en una situación de incumplimiento del TEAC.

El Abogado del Estado se opuso a la solicitud alegando que el automatismo de la vía administrativa no es trasladable a la vía judicial, debiendo acreditarse mínimamente la imposibilidad de constituir una caución que asegure el interés público.

No obstante, la Audiencia Nacional, en fecha 25 de septiembre de 2018, acuerda la suspensión de la sanción en base a dos razones:

  • La elevada cuantía de la sanción, de tal forma que su ingreso supondría un daño económico de difícil reparación, mientras que su no ingreso sin garantía no supone un daño para el interés público.
  • El derecho  a acudir a la jurisdicción y de acceso  a los tribunales, que se verían perjudicados si al acudir a la vía judicial ante el incumplimiento por el TEAC se exigen más requisitos al reclamante que los que avalan la suspensión en vía administrativa, donde la norma autoriza que durante la tramitación de la reclamación no se ejecuten las sanciones, y ello sin necesidad de aportar ninguna garantía.

No obstante, también señala que el mantenimiento de la suspensión de la sanción en las mismas condiciones que en la vía económico-administrativa solo ha de mantenerse hasta que se resuelva expresamente la reclamación.

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