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Nuestra primera participación en SIMED: Cum Laude Abogados, tu aliado legal en el mercado inmobiliario español

Asesoramiento a nuevos residentes, Blog, Business, Eventos, Fiscal, Herencias, Inmobiliario y Propiedad Horizontal, Sin categorizar / 16.11.20250 comentarios

Este año hemos tenido el honor de participar por primera vez en SIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, celebrado en Málaga. Para Cum Laude Abogados, este evento representa un paso esencial en nuestra misión de ofrecer un servicio especializado a compradores internacionales interesados en invertir en España.

Como abogados especialistas en comprar propiedad en España para extranjeros, nuestro objetivo es garantizar que cada operación se realice con plena seguridad jurídica, transparencia y confianza.

Cartel oficial de SIMED 2025 con presencia de Cum Laude Abogados.

Por qué los compradores extranjeros necesitan asesoría legal en España

Comprar una propiedad en España implica revisar documentos, cargas, licencias, contratos y diversos trámites administrativos y fiscales. Para un comprador extranjero, este proceso puede resultar complejo si no cuenta con asesoramiento profesional.

En Cum Laude Abogados ofrecemos:

  • Verificación legal y registral del inmueble
  • Revisión de contratos y condiciones
  • Asesoría fiscal para no residentes
  • Coordinación completa con notaría y entidades bancarias
  • Tramitación de NIE, poderes, impuestos y gestiones posteriores

Nuestra experiencia nos permite acompañar a clientes procedentes de Europa, América Latina y otros mercados internacionales.

Beatriz Nieto, Socia Directora de Cum Laude Abogados en el stand del despacho durante SIMED 2025, evento inmobiliario en Málaga.

Participar por primera vez en SIMED nos ha permitido:

  • Establecer conexiones con promotoras y agencias con fuerte presencia internacional
  • Presentar nuestros servicios destinados a compradores extranjeros
  • Resolver dudas en directo sobre compra de vivienda en España
  • Reforzar alianzas con actores clave del sector inmobiliario

SIMED es un espacio donde se construyen oportunidades y se genera confianza, dos pilares fundamentales para invertir con seguridad en el mercado español.

Representantes de Cum Laude Abogados junto a profesionales del sector inmobiliario internacional durante SIMED 2025.

Abogados especialistas en comprar propiedad en España para extranjeros

Nuestro servicio jurídico especializado incluye:

-Revisión legal completa

Comprobamos cargas, deudas, permisos, licencias y la situación urbanística del inmueble.

-Fiscalidad para no residentes

Explicamos impuestos, obligaciones y beneficios aplicables a compradores internacionales.

-Gestión de principio a fin

Coordinamos firma notarial, contratos, trámites de identidad, cuentas bancarias y postventa.

-Seguridad jurídica

Nuestro objetivo es que el comprador extranjero invierta con tranquilidad, información clara y sin riesgos ocultos.

-Comprar en España con tranquilidad

La Costa del Sol y otras zonas de España siguen siendo destinos preferidos para extranjeros que buscan una segunda residencia, una vivienda vacacional o una inversión. Nuestro compromiso es acompañarlos en cada paso.

Como abogados especialistas en comprar propiedad en España para extranjeros, garantizamos un proceso transparente, seguro y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Nuestra primera participación en SIMED ha sido un paso significativo para reforzar nuestra presencia en el sector y para seguir acompañando a inversores internacionales en su camino hacia la compra segura de una propiedad en España.

📩 Si estás pensando en invertir en España, contáctanos. Estaremos encantados de ayudarte.

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El alquiler turístico debe ser autorizado por la comunidad de propietarios.

Asesoramiento a nuevos residentes, Blog, Inmobiliario y Propiedad Horizontal / 05.11.20250 comentarios

El pasado 3 de abril de 2025 entró en vigor la reforma del artículo 7 de la Ley de la Propiedad Horizontal (LPH) efectuada por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

Esta reforma introduce cambios significativos en la regulación de la actividad de alquiler turístico en el seno de las comunidades de propietarios. 

De ahora en adelante, la instalación de nuevas viviendas de uso turístico deberá contar con el aval expreso de las comunidades de vecinos que los alojen.

Hasta ahora, la limitación sobre la instalación de estas dependía de lo previsto en los estatutos y existían discrepancias jurisprudenciales sobre si era necesaria la unanimidad o bastaba la mayoría cualificada.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias 1232/2024 y 1233/2024, de 3 de octubre, ha zanjado la cuestión:

  • Las comunidades de propietarios pueden prohibirlo con una doble mayoría de tres quintas partes (3/5), sin necesidad de unanimidad. Estas limitaciones, sin embargo, no tienen efectos retroactivos, por lo que las propiedades que ya cuentan con permisos para el alquiler vacacional no se verán afectadas.

Estas nuevas medidas suponen un cambio importante en la forma de alquilar viviendas en España. Aunque buscan fomentar el alquiler de larga duración, todavía queda por ver cómo se aplicarán en la práctica y qué efectos tendrán en propietarios, inquilinos y comunidades de vecinos.

Si deseas contar con nuestra ayuda, como propietario de un inmueble destinado a alquiler turístico o como vecino de una comunidad de propietarios, estamos a tu entera disposición como abogados especializados en derecho Inmobiliario en Málaga.

Beatriz Nieto Aguilera y Minerva Alcaide López.

Área de Propiedad Horizontal y Derecho Inmobiliario en Cum Laude Abogados.

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La Audiencia Nacional reconoce el derecho de los no residentes extracomunitarios a deducir gastos de sus inmuebles en España.

Asesoramiento a nuevos residentes, Blog, Inmobiliario y Propiedad Horizontal / 27.10.20250 comentarios

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 28 de junio de 2025 (n.º 636/2021), ha considerado que tanto los españoles residentes en terceros Estados como los contribuyentes no comunitarios con propiedades en España pueden deducir fiscalmente los gastos asociados a dichos inmuebles.

De forma general, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) grava las rentas obtenidas en territorio español por personas físicas o jurídicas que no tienen residencia fiscal en España. Es decir, si una persona no reside fiscalmente en el país pero obtiene ingresos en él, esos rendimientos tributan a través del IRNR.

Conviene recordar que este impuesto abarca diferentes tipos de rentas, cada una con su propio régimen de tributación: rendimientos del trabajo, de actividades económicas o profesionales, y, especialmente, rentas derivadas de bienes inmuebles situados en España.

Cambios relevantes en materia de alquileres turísticos y modelo 210.

En el ámbito de los alquileres turísticos, la sentencia introduce cambios significativos en relación con el modelo 210, su presentación y los trámites que implica.

A continuación, se resumen los principales aspectos derivados de esta resolución:

  • Deducción de gastos para no residentes extracomunitarios:
    Los contribuyentes no residentes fuera de la Unión Europea que hayan declarado ingresos por alquiler mediante el modelo 210 y no hayan aplicado deducciones podrán ahora hacerlo en las mismas condiciones que un residente fiscal español. Esto incluye la posibilidad de deducir gastos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tasas municipales, cuotas de comunidad de propietarios, entre otros.
    Además, los contribuyentes afectados podrán solicitar la devolución de las cantidades pagadas en exceso en las autoliquidaciones del modelo 210 no prescritas.
  • Reconocimiento del principio de libre circulación de capitales:
    Hasta el momento, la normativa impedía que los arrendadores no residentes fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE) dedujeran los gastos vinculados a su inmueble. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que este tratamiento vulnera el principio de libre circulación de capitales, establecido en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
    El fallo no solo reconoce la posibilidad de deducir dichos gastos, sino que también abre la vía para solicitar la devolución de los ingresos indebidos en las autoliquidaciones no prescritas, recordando que el plazo general de prescripción es de cuatro años.
  • Relevancia práctica y pronunciamientos recientes:
    Aunque la sentencia aún es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, constituye un precedente de gran relevancia práctica. En relación con el tratamiento de las rentas inmobiliarias y los gastos asociados al IRNR, el TEAC ha confirmado en su resolución de 24 de junio de 2025 (res. 1522/2022) que el impago de los alquileres no exime de su gravamen en el IRNR, incluso cuando exista un convenio para evitar la doble imposición aplicable.

Minerva Alcaide López y Beatriz Nieto Aguilera.

Área de derecho inmobiliario en Cum Laude Abogados.

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Modificación en el VIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de gestión y Mediación inmobiliaria.

Blog, Derecho Laboral y Seguridad Social, Inmobiliario y Propiedad Horizontal / 29.09.20250 comentarios

Se ha publicado Resolución de 24 de junio de 2025, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica la modificación del VIII Convenio Estatal para las empresas de gestión y Mediación inmobiliaria.

La modificación ha tenido por objeto incluir las medidas para la igualdad no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.

Puedes consultar la modificación aquí:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-13759

Si precisas asesoramiento en materia laboral,  puedes contar con nuestro despacho para ayudarte.

Beatriz Nieto Aguilera.

Abogada socia.

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¿Puede incrementarse la indemnización legal por despido improcedente de 33 días por año trabajado?

Blog, Derecho Laboral y Seguridad Social / 26.09.20250 comentarios

La Sentencia del Tribunal Supremo nº736/2025 de 16 de julio, resolviendo el Recurso de casación para la Unificación de la Doctrina 3993/2024,  ha resuelto que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores  no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso, sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 OIT ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

Véanse que los preceptos establecen:

ARTICULO 10  Del Convenio 158 de OIT.

SI LOS ORGANISMOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 8 DEL PRESENTE CONVENIO LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO ES INJUSTIFICADA Y SI EN VIRTUD DE LA LEGISLACION Y LA PRACTICA NACIONALES NO ESTUVIERAN FACULTADOS O NO CONSIDERARAN POSIBLE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, ANULAR LA TERMINACION Y EVENTUALMENTE ORDENAR O PROPONER LA READMISION DEL TRABAJADOR, TENDRAN LA FACULTAD DE ORDENAR EL PAGO DE UNA INDEMNIZACION ADECUADA U OTRA REPARACION QUE SE CONSIDERE APROPIADA.

Artículo 24. 1. B)  de la Carta social Europea.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a protección en caso de despido, las Partes se comprometen a reconocer:

b) el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.

Interpreta el Tribunal los preceptos con el siguiente razonamiento:

Del art. 10 del Convenio 158 OIT se desprende que son las legislaciones internas la que pueden determinar la indemnización adecuada, y podrán hacer ese diseño con base en diferentes y variados factores e, incluso, haciendo previsiones específicas frente a situaciones que comprometan especiales derechos. Y esto es lo que ha realizado el legislador nacional en el art. 56.1 del ET, desarrollo que se estima no se aparta de las previsiones del artículo 10 del Convenio 158 OIT transcrito. Nuestra legislación no ha establecido una indemnización libre para compensar la pérdida injustificada del empleo, cuando es una, ya tasada, que ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos, sin necesidad de tener que acreditar los concretos daños y perjuicios sufridos.

2.Nuestros razonamientos en apoyo de tal conclusión señalaron que las expresiones «indemnización adecuada» y «reparación apropiada» no se identifican o especifican en términos o elementos concretos que deban ser atendidos a la hora de fijar un importe económico determinado o de otro contenido. Esto es, el Convenio 158 OIT está imponiendo una protección frente a un despido injustificado sin precisar su contenido exacto lo que permite entender que la aplicación del citado precepto, en lo que a la indemnización económica u otra reparación se refiere, queda condicionada a lo que la legislación interna desarrolle a tal efecto. A título de ejemplo, cuando el artículo 8 del citado convenio, señala que el ejercicio del derecho a recurrir contra la terminación de la relación de trabajo deberá serlo dentro de un plazo «razonable» después de su terminación, fue necesario que nuestro legislador concretara ese plazo, fijando un número concreto de días -veinte hábiles como plazo que calificó de caducidad, no pudiéndose cuestionar que el número de días que se ha impuesto en nuestra regulación no se acomode a lo indicado en esa disposición, precisamente, por su imprecisión y la necesidad de que la legislación interna la desarrolle. En definitiva y en lo que ahora interesa, del citado artículo 10 del Convenio 158 OIT se desprende que son las legislaciones internas la que pueden determinar la indemnización adecuada, y podrán hacer ese diseño con base en diferentes y variados factores, e, incluso, haciendo previsiones específicas frente a situaciones que comprometan especiales derechos. Y esto es lo que ha realizado el legislador nacional en el art. 56.1 del ET con carácter general y en los artículos 182.1.d) y 183 LRJS cuando el despido vulnere derechos fundamentales o libertades públicas.

…

2.El artículo 24 CSE revisada es, por tanto, un precepto programático que no identifica elementos concretos para fijar un importe económico o de otro contenido que permita colmar la patente inconcreción de su literalidad, o su extrema vaguedad. No puede considerarse, en modo alguno, como una norma directamente aplicable desplazando la aplicabilidad de las previsiones de derecho interno establecidas por el legislador ( artículo 56 ET). A todas las consideraciones efectuadas en el fundamento anterior, que no se reproducen para evitar innecesarias reiteraciones, se une, decisivamente, la previsión contenida en el Anexo de la CSE revisada que en su parte II, respecto del artículo 24, dispone en su apartado 4 literalmente lo siguiente: «Se entiende que la indemnización o cualquier otra reparación apropiada en caso de despido sin que medien razones válidas deberá ser fijada por las leyes o reglamentos nacionales, por los convenios colectivos o por cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales». Esto es, en nuestro ordenamiento jurídico interno, de conformidad con el apartado transcrito, la indemnización (ni siquiera aquí la CSE revisada añade el término «adecuada») o cualquier otra reparación apropiada deberá ser fijada por el legislador o por los convenios colectivos, de conformidad con los artículos 3.1 y 85 ET; sin que en ningún caso puede deducirse de ahí que el art 24 CSE está refiriéndose a los procedimientos judiciales, pues es un mandato al legislador, ordinario o convencional, no al juzgador; por ello, no es en modo alguno un llamamiento al juez en un proceso judicial; ya que para ello hubiera sido necesario que las consecuencias del despido sin razón válida estuvieran fijadas de modo ejecutivo aplicable directamente, lo que -como se ha visto- no es el caso.

Y, exactamente, es lo que ha ocurrido en nuestro derecho: el legislador nacional, cumpliendo la previsión de oportunos- la indemnización adecuada para el despido injustificado mediante la establecida -con carácter tasado- en el artículo 56 ET, en función del salario y años de servicio del trabajador, y con los límites allí configurados; fijación que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional explicitada en el fundamento anterior, no resulta contraria a la norma fundamental ( SSTS 6/1984, de 24 de enero; 20/1994, de 27 de enero y ATC 43/2014, de 12 de diciembre); y que, como es sabido, puede ser incrementada por la negociación colectiva.

En resumen, fundamenta que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de declaraciones programáticas cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa.

En cuanto a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales estima que no resultan vinculantes ni en el ejercicio del control de convencionalidad que compete a esta Sala, ni en la interpretación del precepto.

Si necesitas asesoramiento en derecho laboral, estaremos encantados de ayudarte.

Beatriz Nieto Aguilera.

Abogada Socia

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¿Es reponsable el titular de la cuenta en redes sociales, de los comentarios que publican terceros en su perfil?

Blog, Derecho civil / 24.09.20250 comentarios

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, 747/2022, de 3 de noviembre de 2022,  aborda la cuestión y determina que el recurrente,  si era responsable por los comentarios proferidos por terceros que se habían publicado en su perfil.

Razona al respecto el Tribunal:

“La Audiencia Provincial considera que el recurrente es responsable. Y nosotros también, porque permitió que los comentarios publicados por los terceros en su perfil público de Facebook permanecieran en él, en vez de eliminarlos, que es lo que debía haber hecho al tener no solo un cabal y completo conocimiento de su contenido, manifiestamente atentatorio contra el honor de los recurridos, sino también un poder de control y decisión sobre su perfil que le legitimaba, igual que había hecho con otros, para borrarlos.

En un caso como el presente, en el que se produce una intromisión ilegítima de carácter evidente en el derecho al honor de los recurridos por los comentarios publicados por terceros en el Facebook del recurrente, la responsabilidad de este por no eliminarlos de su perfil público, una vez conocidos, no puede ser excusada por falta de legitimación, peligro de censura o dificultades de ponderación, puesto que existe un deber de diligencia reactiva y cuidado que le obliga, ejercitando su poder de control, a su borrado inmediato. Y si no actúa y se desentiende, incumple ese deber, convirtiéndose en responsable de los daños y perjuicios causados a título de culpa por omisión derivada de dicha falta de diligencia y cuidado.

Las circunstancias que pondera para apreciar la responsabilidad son:

  • Que los comentarios eran conocidos por el titular del perfil.
  • Que eran manifiestamente ofensivos,  consistían en expresiones como («gentuza», «sinvergüenzas», «incultos», «basura», «garrulos», «moscas cojoneras», «garrapatas hambrientas», «asquerosos»), desconsideraban o despreciaban su integridad personal («yo los liquido y acabamos antes», «contrata a un matón», «unas ostias bien dadas y después a saber quién ha sido», «yo les pego un tiro al padre, a la madre y alhijo»).
  • Que las facultades de administración y control que tenía la red social eran muy amplias, permitía, bloquear el perfil de alguien para que no pueda ver ni comentar sus publicaciones, reaccionar a los comentarios que en ella se publicaran, responderlos, ocultarlos, denunciarlos, marcarlos como spam, bloquear que perfil o la página que los había publicado o eliminarlos.
  • Que,  ante una intromisión ilegítima evidente en el derecho al honor, existía un deber de diligencia reactiva y cuidado que le obligaba a su borrado inmediato, y si no actuó, incumplió ese deber de diligencia convirtiéndose en responsable de los daños y perjuicios.

Me parece muy acertado el razonamiento del Tribunal para salvaguardar la vulnerabilidad de nuestro derecho al honor en redes sociales y la impunidad de todos aquéllos que colaboran y alientan a su quebranto.

Si has padecido alguna situación parecida en la que se ha lesionado tu dignidad o se ha menoscabado tu fama, En Cum Laude Abogados, podemos ayudarte.

En Málaga, a 24 de septiembre de 2025.

Beatriz Nieto Aguilera.

Abogada Socia.

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Donación de inmuebles en Andalucía.

Blog, Derecho civil, Derecho de Familia, Inmobiliario y Propiedad Horizontal / 30.06.20250 comentarios

La Donación de inmuebles está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.            

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal regulado en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.

Está desarrollado por el Reglamento aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.

Se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas en el marco del sistema de financiación.

Es por ello, por lo que las distintas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias normativas han adoptado determinadas medidas.

En el caso concreto de Andalucía, dichas medidas se encuentran recogidas, a partir del 1 de enero de 2022, en la Ley 5/2021, de 20 de octubre de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deroga al Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, en concreto en los artículos 26 a 40.

Contempla el artículo 40, de la precitada Ley 5/2021 de 21 de octubre de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

Artículo 40. Bonificación en adquisiciones «inter vivos».

1. Los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 26 aplicarán una bonificación del 99% en la cuota tributaria derivada de adquisiciones inter vivos.

Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos se formalice en documento público con la entrega simultánea del bien. Cuando el objeto de la transmisión sea metálico, el documento público deberá formalizarse en el plazo máximo de un mes desde que se produjo la entrega.

2. Cuando el objeto de la donación o de cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos sea metálico o cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación solo resultará aplicable cuando el origen de los fondos esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento público en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos.

De conformidad con la normativa fiscal citada,  la cuota tributaria por las Donaciones de inmuebles, realizadas a partir del 1 de enero de 2022, está bonificada al 99%, es decir que sólo se paga el 1%,  a los contribuyentes de los Grupos I y II,  que son:

Grupo I. Descendientes o adoptados, menores de 21 años.

Grupo II. Descendientes o adoptados, de 21 años o más. Cónyuges, ascendientes o adoptantes.

Esta relevante bonificación y el temor a una posible armonización fiscal que pueda dejar sin efecto el beneficio, ha motivado un notable incremento de las donaciones de efectivo e inmuebles, en Andalucía. 

No obstante lo anterior, para valorar la decisión de donar o no el inmueble,  ha de prestarse especial atención al impuesto que tendrá que pagar el donatario  sobre la posible ganancia patrimonial derivada de la donación en su IRPF.

También es necesario considerar a la plusvalía municipal que deberán abonar los donatarios.

Si deseas contar con nuestra ayuda como abogadas especializadas en Derecho Inmobiliario y Patrimonial, estamos a tu entera disposición.

En Málaga, a 26 de junio de 2025.

Beatriz Nieto Aguilera y María Gómez Casas.

Abogadas Área Inmobiliario y Herencias en Cum Laude Abogados.


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¿Qué pasará con mi patrimonio cuando ya no esté?

Herencias / 19.06.20250 comentarios

El pasado miércoles 28 de mayo de 2025, tuve la oportunidad de asistir al I Foro de Finanzas y Economía, organizado por el Círculo de empresarios de  Málaga. El evento consistió en un desayuno con posterior mesa redonda de expertos que trataron la gestión de patrimonio por empresarios.

Agradezco a Nathan Manzaneque su invitación y a su presidente, Adolfo Trigueros,  la amable acogida como anfitrión.

Se trataron varios aspectos que despertaron mucho interés en los asistentes, tales como, la planificación de la estructura societaria fiscalmente más óptima en el desarrollo de las actividades empresariales, y la relevancia de planificar la sucesión.

Mi compañero, abogado y economista, Jesús  Prieto, compartió con nosotros la coloquial frase siguiente, “Para morir sólo hace falta estar vivo”.

Al escucharla me detuve a reflexionar, ¿qué pasará con mi patrimonio, cuando me marche? Si no expreso mi voluntad,  ¿Las reglas del Código Civil van a dar el destino que a mi me gustaría a mis bienes? ¿Cómo se puede otorgar testamento ante un peligro inminente de muerte?

Dice nuestro Código Civil:

Artículo 658.

La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de éste, por disposición de la Ley.

La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima. Podrán también deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la Ley.

Artículo 667.

El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos, se llama testamento.

Artículo 676.

El testamento puede ser común o especial.

El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado.

Artículo 677.

Se consideran testamentos especiales el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.

Artículo 678.

Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688.

Artículo 679.

Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.

Artículo 680.

El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto.

Artículo 700.

Si el testador se hallare en peligro inminente de muerte, puede otorgarse el testamento ante cinco testigos idóneos, sin necesidad de Notario.

Artículo 701.

En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años.

Artículo 702.

En los casos de los dos artículos anteriores se escribirá el testamento, siendo posible; no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir.

Artículo 703.

El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de los tres artículos anteriores quedará ineficaz si pasaren dos meses desde que el testador haya salido del peligro de muerte, o cesado la epidemia.

Cuando el testador falleciere en dicho plazo, también quedará ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura pública, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente.


Conforme a nuestro Derecho común, nuestra sucesión se regulará por nuestra voluntad en testamento y si no la hemos manifestado, conforme a la ley.

Se prevén distintas formas de otorgar testamento pero la preponderante, es el testamento abierto notarial, frente a las demás formas testamentarias.

Incluso, ante un peligro de muerte inminente que posibilita el otorgamiento del testamento sin notario, ante 5  testigos, la Jurisprudencia añade un requisito adicional a los establecidos en el artículo 700 del C.C, para que el testamento pueda reputarse perfeccionado, y es que:  “que resulte imposible contar con la asistencia de notario, o al menos, que no se haya prescindido de ella, de una manera discrecional o voluntaria, sino en función de la premura del tiempo disponible, de las circunstancias de alejamiento, de la dificultad en las comunicaciones, o de la no localización inmediata, es decir, justificar una conducta razonablemente explicativa, que será distinta en el caso concreto”  (STS 27.06.2000).

Además, este testamento otorgado sin notario en peligro de muerte, quedará ineficaz a los dos meses si ha cesado el peligro de muerte o la epidemia. 

También quedará ineficaz si fallece el testador y a los 3 meses no se ha elevado a público por el Notario.

Es prolijo y complejo el título III del Código Civil, regulador del derecho sucesorio: resulta inquietante, qué modificaciones puede sufrir y qué reglas pueden regir el reparto de mis bienes cuando falte.

Ante ello, si bien la idea de hacer testamento no es agradable, puesto que lo natural es que no desees que llegue este momento, y quizás pienses, que cuando pase, como ya no estarás, pues no será tu problema. Sin embargo, me parece más dramático que pueda acaecerte un peligro de muerte inminente y tengas que decidir en esas circunstancias qué hacer. Aún es más desazonadora la idea de dejar en manos del “legislador”, qué hacer con el patrimonio que te ha costado una vida construir.

 Además, si tu deseo es evitar cualquier conflicto entre las personas que quieres, para proteger tu patrimonio y a tu familia, es conveniente que te ocupes de esta situación y valores otorgar testamento ante Notario y con el asesoramiento de abogados especializados.

Para terminar, si ha fallecido algún familiar tuyo, sin otorgar testamento, y necesitas ayuda para decidir aceptar o no la herencia, o llevar a efecto su partición, estamos a tu disposición para ayudarte como abogados especialistas en Derecho de Sucesiones. 

En Málaga, a 7 de junio de 2025.

María Gómez Casas y Beatriz Nieto Aguilera.

Abogadas Área  Herencias e Inmobiliario en Cum Laude Abogados.

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Desayuno Inmobiliario

Blog, Eventos, Herencias / 01.05.20250 comentarios

Desayunos inmobiliarios. Aspectos jurídicos de la compraventa de inmuebles a herederos.

¿Pueden venderme el piso si no se ha partido la herencia?

¿Quién está haciendo uso actualmente del piso?

¿Quién debe pagar los gastos de comunidad?

El pasado lunes 28 de abril, asistí al Desayuno inmobiliario organizado por David Cascón y Nacho Cascón, de LOOK4MÁLAGA Inmobiliaria, a quienes les agradezco me invitaran.

Nos reunimos más de 40 profesionales, vinculados al sector inmobiliario y nos enriquecimos con,  una sesión formativa inicial y posterior presentación de diversas ofertas de activos.

Una de las ofertas que me pareció más interesante, fue la de un inmueble, por debajo del precio de mercado, con las siguientes características: había sido recibido en herencia, por varios herederos, que no estaban afrontando los gastos comunitarios.

En la compra de bienes pertenecientes a una comunidad que surge de una sucesión hereditaria, es conveniente contar con un asesoramiento jurídico especializado puesto que las normas que regulan esta comunidad son diferentes a las de un condominio general.

1.- ¿Pueden venderme el piso si no han partido la Herencia?.- Especialidades de la comunidad hereditaria

Para responder a esta cuestión hemos de considerar las especialidades de la comunidad hereditaria siguientes.

En la comunidad hereditaria, hasta que se realice la partición, cada heredero sólo disfruta de una parte ideal de todos los bienes de la herencia pero no tiene una posesión real individual y efectiva de la parte que corresponde a la cosa.

Como señala la STS de 23 de enero de 1943 «en el periodo de indivisión que precede a la partición hereditaria los herederos poseen el patrimonio del causante colectivamente», en el mismo sentido la STS de 16 de septiembre de 2010.

Esto es relevante porque lo primero que debemos verificar es si el inmueble ya ha sido o no adjudicado a los herederos, es decir si se ha hecho o no la partición de la herencia.

Si no se ha hecho, esa comunidad de herederos lo será, en relación a todo el patrimonio del causante, no sólo al piso que queremos adquirir, por lo que,  la opción de comprar su participación en la herencia no es equivalente comprar el piso, sino  a su posición sobre todo el caudal,  en el que puede haber activos o pasivos.

Llegamos a la solución de la pregunta planteada: para poder vender el inmueble, resulta necesario hacer previamente y/o simultáneamente, la partición de la herencia, pues si no se carece de título de propiedad para realizar la transmisión.

Por ello, en la oferta de compra, será necesario establecer como condición suspensiva y resolutoria, el buen fin de la previa aceptación y partición de la herencia, proceso jurídico que puede ser complicado pero no imposible,  con buenas habilidades de mediación, porque requiere el consentimiento de todos los herederos, así como, contemplar que dichos gastos deben corresponder al vendedor, o en el caso de que no puedan afrontarlos, si los asume  el comprador,  se descontará del precio ofrecido.

2.- ¿Quién Está haciendo uso del inmueble?.- Posesión del inmueble

Otro aspecto clave será verificar quien tiene la posesión del inmueble, si es un heredero o no , y al igual que en cualquier otra operación de compraventa,  establecer como condición que se adquiera libre de estos ocupantes.

3.- ¿Quién debe pagar los gastos de Comunidad?.-

En cuanto a los gastos de comunidad del inmueble, debe tenerse en cuenta que es una obligación impuesta a la comunidad hereditaria y no al ocupante.

Al respecto, La STS de 25 de mayo de 2005, rec. 3698/1998, declaró: «…según el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización de un elemento común no exime del pago de los gastos generados en su mantenimiento, salvo acuerdo de la Junta, determinación en el Título constitutivo o en los propios Estatutos».

Por su parte, de igual forma, se expresó la STS de 20 de junio de 2006, rec. 4765 de 1999, al declarar que: «Otro tanto cabe decir de los gastos de comunidad. El artículo 9.-5.º de la Ley de Propiedad Horizontal de 1.960 (al igual que el art. 9.º.-1, f- de la vigente de 1.999), de una forma clara e inequívoca, impone al propietario el pago de aquellos gastos ( sentencias de 25 de mayo de 2.005 y 1 de junio de 2.006 ).

Si estás interesado en la compra de un inmueble perteneciente a varios herederos o eres parte de una comunidad hereditaria, queréis vender o no conseguís llegar a un acuerdo, y precisas asesoramiento, estamos a tu disposición para ayudarte. Pídenos cita y atenderemos tu consulta.

En Málaga, a 1 de mayo de 2025

Beatriz Nieto Aguilera  y María Gómez Casas.

Abogadas del Área Herencias e inmobiliario en  Cum Laude Abogados

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La economía familiar en separación de bienes. ¿Puede tu expareja quedarse tu indemnización por despido y el dinero que recibiste en Herencia?

Derecho de Familia / 10.11.20240 comentarios

Me animo a escribir este post para celebrar que me han notificado una Sentencia de merecida justicia en uno de los casos del despacho en los que hemos visto a nuestra cliente sufrir mucho, la hemos acompañado durante 10 años y muchas veces hemos tenido miedo de que no resistiera por los graves problemas de salud que ha atravesado.

Estuvimos más de un año recabando toda la prueba, hicimos la reclamación extrajudicial que no atendieron, interpusimos la demanda en 2017 y el procedimiento judicial ha durado 7 años más, Ganamos la sentencia con estimación integra y costas en 2020, se recurrió por el condenado, y el pasado 6 noviembre de 2024, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga resolvió desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución.

Nuestra cliente cuando nos la designaron por el turno de oficio,  era una señora de 60 años, jubilada con una pensión por incapacidad permanente de 751 euros,  que se había divorciado  por sentencia de 18 de julio de 2014, después de una convivencia matrimonial de 28 años, en 2 etapas, 18 años de casados y 10 más tras separación y reconciliación judicial.

Desde la separación matrimonial el régimen económico era el de separación de bienes, no se llegó a liquidar nunca la sociedad de gananciales ni se otorgaron capitulaciones matrimoniales tras la reconciliación restableciendo el régimen económico anterior.

En la Sentencia de divorcio se acordó pensión compensatoria pero sin fijar importe, reconociendo un claro desequilibrio económico para nuestra cliente en relación al nivel económico durante la convivencia, agravado por el régimen económico de separación de bienes, que impediría participar del patrimonio que se había construido durante los años de matrimonio. El esposo tenía ingresos mensuales que oscilaban entre 1500 y 3000 euros y una vivienda en propiedad, mientras que la esposa carecía de patrimonio alguno.  No se le reconoció el derecho de uso de la vivienda familiar por ser privativa.

Nos encontramos a una señora desesperada, sufriendo porque la podían echar de su casa, y con 751 euros no tenía suficiente para poder buscar otra vivienda, 

Nos designaron para la liquidación de la sociedad de gananciales puesto que la señora no podía comprender cómo no tenía nada después de divorciarse si toda la economía familiar la gestionaba el marido y todo el dinero que habían percibido ambos se había destinado siempre a una cuenta común de ahorro, que administraba el marido, quien trabajaba para el sector asegurador y conocía productos financieros para invertir.

De lo primero que nos dimos cuenta es de que no había gananciales que liquidar, puesto que hubo separación judicial con posterior reconciliación pero sin establecer régimen económico de sociedad de gananciales.

En cuanto al patrimonio que tenía el marido era, una vivienda que se había declarado como privativa y los saldos en cuentas bancarias.

Nuestra cliente no tenía dato alguno porque la había dado de baja como titular de las cuentas justo antes de interponerle la demanda de divorcio, pero sabía que había importantes saldos porque ella había ingresado su indemnización por despido y un dinero fruto de la venta de un piso que había recibido en herencia para que el marido las invirtiera en depósitos a plazo fijo.

Con estos datos pudimos establecer la pretensión, ¿Cómo era posible que el marido no le hubiera devuelto el dinero de su indemnización por despido y el de su herencia?

Los bienes recibidos por uno de los cónyuges a título gratuito como una herencia, son privativos de conformidad con el artículo 1346.2 del Código civil.

Una indemnización por despido, incluso estando el matrimonio en régimen de la sociedad de gananciales, tiene el carácter privativo.

La doctrina judicial es unánime:

“una indemnización por extinción de la relación laboral, cualquiera que sea su causa (despido, jubilación anticipada, etc) percibida, vigente el régimen económico-matrimonial de la sociedad de gananciales, tiene el carácter privativo del cónyuge perceptor de las mismas, puesto que se satisface por la pérdida del trabajo, no atendiendo al pasado, sino mirando al futuro, teniéndose en cuenta que deja de desarrollar su trabajo, derecho reconocido en el artículo 35.1. CE y se le indemniza por ello, naturaleza privativa que puede fundarse tanto en su consideración de un derecho patrimonial inherente a la persona (Artículo 1346.5 del Código Civil) ya como un bien adquirido en sustitución de otro genuinamente particular, cual sería el salario futuro. (Artículo 1346.3. del C.c)

“disuelta ya la sociedad de gananciales, tal indemnización no puede siquiera llamarse bien privativo, puesto que la distinción entre ganancial y privativo ya no procede cuando la comunidad ganancial, ha dejado de existir. Es un bien adquirido personalmente por la persona que tiempo atrás fue miembro de una comunidad, ya disuelta, es un bien propio ajeno a aquélla.”

Así es que, iniciamos el arduo trabajo de recabar prueba,  mandando requerimientos a los bancos para que pudieran facilitarnos la información, lo que nos ocupó más de un año, pudimos comprobar la certeza de lo que la cliente nos explicó e interpusimos Demanda de Reclamación de cantidad contra el exmarido por incumplimiento del contrato de mandato al amparo del artículo 1439 del Código Civil, reclamando que restituyera a nuestra cliente el importe de su indemnización por despido y  del dinero que ingresó en la cuenta de los frutos recibidos de una herencia.

La sentencia declaró constatados los hechos y, en aplicación de los artículos 1088 y siguientes del Código Civil, que hacen referencia a la vinculación de las partes a los contrato celebrados y las obligaciones que dimanan de los mismos, cuando no se ha acreditado que este dinero hubiera sido entregado al demandado en concepto de donación y habiendo cesado las labores de mandato desde la admisión a trámite de la demanda de divorcio a tenor de los artículos 102 y 1732 del Código Civil, condena al demandado al reintegro de las cantidades acreditadas como privativas de la actora porque nunca cesó el régimen económico matrimonial de separación de bienes,

La sentencia imparte justicia, reconociendo la obligación del exmarido de restituir a nuestra cliente los bienes que le dio para que administrase mientras estaban casados en régimen de separación de bienes. Con el divorcio quedó revocado su consentimiento y pidió su restitución.

Un aspecto clave fue que los bienes aún existían cuando cesó el mandato de administración, podría haber sido el resultado aún más negativo para nuestra cliente, si tras la investigación patrimonial que hicimos, hubiéramos descubierto que el dinero se había perdido en las inversiones financieras.

Ha sido un caso complejo a nivel probatorio y jurídico, ante una modelo de economía familiar muy común, que el marido administrara las finanzas y ahorros, y la esposa se ocupara de la casa,  desajustado en los jurídico al estar vigente una separación de bienes,  a la realidad de hecho, que dejó a nuestra cliente en una situación muy vulnerable,  tras 28 años de matrimonio sin casa y sin ahorros.

Tras 10 años de batalla. por fin podemos celebrar el resultado con nuestra cliente, 

Es un orgullo profesional poder haber ayudado a esta señora y doy las gracias a mis compañeras,  Lucía Ruiz Benítez y Marta Reyes Moragues, que participaron en el caso durante los años que estuvieron en este despacho, trataron con cariño, paciencia y empatía a la cliente en todas sus llamadas de desesperación, con su trabajo contribuyeron a este resultado.

Aunque aún nos queda por delante la ejecución de la sentencia, no nos vamos a rendir.

En Málaga, a 10 de noviembre de 2024.

Beatriz Nieto Aguilera.

Abogada colegiada nº 6519 ICA Málaga.

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